Fin de una larga transición

 

6_TordiniPor Ximena Tordini* El Diplo

Tres años después de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no se han producido transformaciones estructurales en el espectro radiofónico argentino. Más allá de la desconcentración de los grandes grupos, es necesario avanzar en la institucionalización de los actores no comerciales para garantizar la pluralidad de voces.

Desde abril de 2008, cuando la onda expansiva del conflicto por las retenciones móviles impactó en la política del kirchnerismo hacia los medios, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) nunca perdió protagonismo en la agenda nacional. Tiene méritos suficientes: reemplaza, después de 26 años, un decreto de la dictadura acomodado por los gobiernos constitucionales para satisfacer al lobby empresario y sus propias necesidades, establece límites a la concentración en la propiedad de los medios, respeta los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información y se elaboró con una participación inédita de la sociedad civil argentina en un asunto legislativo. Tres años después de su sanción, la tercera gestión al frente del organismo encargado de aplicar la ley, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), sostiene que está decidida a hacer cumplir el articulado “a todos por igual”.

En los márgenes de la discusión pública asoma un debate pendiente: ¿qué pasa con los medios de comunicación no comerciales como radios comunitarias y cooperativas, televisoras populares y medios indígenas? No es exagerado afirmar que en este campo, la LSCA es una de las leyes más equitativas del mundo ya que reserva el 33% del espectro al sector privado sin fines de lucro. El único caso comparable es el de Uruguay, donde se garantiza la misma porción del espectro, pero únicamente para las emisoras de radio, no para todos los servicios de radiodifusión como lo establece la ley argentina. Esta característica del texto de la LSCA fue consecuencia del movimiento social que una vez que detectó un interés del gobierno por modificar la ley anterior se nucleó –salvando numerosas y en algunos casos profundas diferencias políticas– para aportar a su construcción, del protagonismo que tuvieron en la redacción de la ley reconocidos especialistas en derecho a la información y de la permeabilidad que tuvo el Poder Ejecutivo para sumar al texto final tanto de la ley como de la reglamentación los aportes de organizaciones como radios comunitarias, sindicatos, grupos feministas y comunidades indígenas.

Aprobada la ley, el gobierno puso su atención en sortear la judicialización que primero frenó la norma y luego suspendió el artículo 161 para poder finalmente obligar a las empresas licenciatarias a adecuarse a los límites de propiedad establecidos (10 licencias de radio y televisión por aire a nivel nacional, 24 licencias y un máximo de 35% del mercado en servicios por suscripción). Por su parte, los medios comunitarios dieron los primeros pasos con incertidumbre; después de años de alegalidad y persecución había que empezar un camino de institucionalización cuyas consecuencias todavía se desconocen: la ley otorga derechos y también obligaciones, algunas de ellas ajenas a la identidad de grupos que surgieron más como expresiones contraculturales que como emprendimientos organizables según convenios colectivos de trabajo, cuotas de programación y obligaciones impositivas.

Un camino abierto

Hoy, en el espectro radiofónico de las ciudades no se ven, ni escuchan, transformaciones estructurales. Existen los mismos medios comunitarios que antes de la LSCA y muchos más que se crearon después, pero la situación de precariedad no se transformó. No son perseguidos ni sus equipos decomisados como en los años 1990, pero mientras la ley los reconoce como actores legítimos están obligados a hacerse lugar en la jungla del dial. Sin licencias, las radios emiten con la potencia que pueden y llegan adonde el tamaño de las emisoras vecinas en el espectro –la mayoría de ellas comerciales– lo permite.

Natalia Vinelli es integrante de Barricada TV, un canal de televisión que transmite desde IMPA, la metalúrgica gestionada por sus trabajadores protagonista del ciclo de protestas post 2001. El canal integra el espacio abierto de televisoras populares, alternativas y comunitarias que a mediados de noviembre convocó a una protesta en la puerta de la AFSCA. Vinelli afirma: “No hay ningún impedimento para avanzar en concursos para la televisión comunitaria pero se hizo demasiado poco. Cambian las gestiones y no hay una línea general del gobierno que implique profundizar la democratización”. Un sector de las radios comunitarias que acompañaron el proceso de debate, sanción y reglamentación tiene una posición similar: “El artículo 89 de la LSCA prevé la reserva del 33% del espectro para los medios sin fines de lucro, sin embargo no ha habido avances en este sentido y no hay ningún tipo de perspectiva pública acerca de la elaboración de un plan técnico que garantice cómo se otorgarán estas licencias”, afirma un documento en torno al cual se están agrupando algunas emisoras, entre ellas Radio Sur que transmite desde el barrio popular del Movimiento Territorial de Liberación en Parque Patricios, Ciudad de Buenos Aires.

Dentro del sector sin fines de lucro, hay otros actores que consideran que si bien no se logró materializar la organización del espectro fijada por la ley, sí se realizaron avances que tienden a la democratización. Un relevamiento de La usina de medios, un programa conjunto de Cooperar-Confederación Cooperativa de la República Argentina y el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), indica que hay al menos 250 radios y canales de TV en manos de cooperativas que se encuentran en distintos niveles de reconocimiento legal –con permisos anteriores a la ley o con expedientes en trámite– (1). Nahum Mirad, responsable de La usina, señala que la LSCA favoreció el surgimiento de radios y canales de televisión digital abierta cooperativos.

La ley podría leerse no sólo como un articulado sino también como una muestra de un clima de época: los medios no comerciales ampliaron su espacio social. Sin la amenaza del camioncito de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) que iba decomisando equipos en los noventa, cierto interés por parte de las investigaciones académicas y el periodismo cultural, el debate sobre la ley y el anticlarinismo construyeron un ecosistema más abierto a recibir a aquellos medios que tensionan las agendas y los formatos de los medios comerciales y públicos. Mirad afirma que “la ley viene a cerrar un ciclo histórico de reivindicación de las cooperativas y mutuales. Hoy es fundamental que el Estado garantice que todos los actores estén dentro del marco normativo. No son sólo las licencias lo que está en juego. Es el modelo de comunicación el que está en juego. La ley habilita un camino. Las organizaciones solidarias argentinas deben caminarlo. Para ello estamos generando los acuerdos y consensos para una estrategia coordinada, que permita no sólo entrar como sujetos de derecho, sino también garantizar el servicio público, con propuestas de calidad que ganen y consoliden audiencias”.

El espectro radiofónico realmente existente parece ser difícil de procesar para los organismos estatales. Los resultados del censo de 2010 que iban a permitir conocer cuántos medios existen y a quién pertenecen nunca fueron dados a conocer, ni los motivos por los cuales no fueron difundidos. Tampoco se avanzó en la construcción de un plan técnico que permita establecer cuántos medios de comunicación y con qué características técnicas pueden funcionar en cada localidad y en base al cual se podría llamar a concursos en cada zona que respeten las reservas de espectro. Es obvio, y sin embargo es necesario decirlo: en las ciudades en las que el espectro está completo, el cumplimiento de la reserva del 33% para los medios de comunicación sin fines de lucro sólo sería posible sacando del aire medios de comunicación que ya existen, muchos de ellos ilegales, porque nunca tuvieron licencia, pero con algún tipo de tejido social que los sostiene en el aire. Ya sea en torno a la música, la religión o la política local hay cientos de emisoras que encontraron un modo de ser sustentables a pequeña escala. La cuestión de qué sucede con los puestos de trabajo de los medios de comunicación que deberían cerrar por no tener licencias, por no resultar adjudicatarios de una licencia en los concursos o cuyas licencias caduquen es un tema no resuelto que emergerá a medida que la LSCA comience a aplicarse. La digitalización resolvería en parte el problema de la saturación del espectro pero los planes para su implementación no se conocen.

En las ciudades pequeñas en las que el espectro no está saturado las cosas son diferentes. Por un lado, en la AFSCA hay más de 250 solicitudes de licencias en virtud del artículo 49 que establece la adjudicación directa para emisoras de radio de baja potencia en zonas de alta vulnerabilidad social o de escasa densidad demográfica. Según la Autoridad estas licencias están en camino. También hay 687 licencias de FM en concurso en localidades de diez provincias, de las cuales 295 son para medios sin fines de lucro.

Al mismo tiempo, se otorgaron 12 licencias para emisoras de radios de pueblos originarios. Estas licencias no están encuadradas dentro del 33% para los medios sin fines de lucro, porque a los pueblos originarios se les otorgan autorizaciones por demanda directa de acuerdo al artículo 89 de la ley. Cuarenta y cuatro comunidades indígenas de las 1.300 que existen en el país solicitaron una licencia de radio. Doce comunidades ya las obtuvieron, cuatro emisoras fueron inauguradas en Abrapampa y Volcán (Jujuy), Huencú (Neuquén) e Iruya (Salta), y otras tres lo serán antes de fin de año.

En enero de 2012, una periodista del diario La Nación le preguntó a Jorge Lanata qué opinaba de la ley de medios. Le respondió con otra pregunta: “¿quién carajo va a escuchar la radio de los wichis?”. Generó una polémica instantánea en las redes sociales que pronto se apagó. El 7 de diciembre saldrá al aire Wall Kintun TV, el primer canal de televisión indígena, gestionado por la comunidad mapuche Buenuleo de Bariloche. Matías Melillán, comunicador mapuche, señala que los medios de las comunidades indígenas se están instalando en territorios en los que “no existían medios de comunicación. En Volcán, por ejemplo, es la primera radio que se crea. Por lo tanto, la radio indígena es un servicio a toda la sociedad. Con la instalación de estas radios, las comunidades que estaban afuera de todo ahora tienen un medio propio. Nuestros medios no se cierran únicamente a los contenidos producidos por los comunicadores indígenas sino que están abiertos a la interacción con toda la sociedad”.

Más allá de la desconcentración

De manera lateral a la implementación de la LSCA, se pusieron en marcha políticas públicas de fomento a la producción audiovisual que comenzaron a abrir el juego. Con costos muchísimo más altos que la radiodifusión, sin apoyo económico difícilmente puedan deshomogeneizarse las pantallas. En el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino y en el sitio de internet Contenidos Digitales Abiertos es posible encontrar decenas de producciones documentales y de ficción realizadas en todo el país con financiamiento del Ministerio de Planificación y el INCAA. Algunas de estas producciones son las series que vienen emitiendo algunos canales de aire de Buenos Aires, muchísimas otras son realizadas en los polos audiovisuales en los que universidades nacionales nuclean a productoras locales y organizaciones sociales. Estos polos se enmarcan en el artículo 153 de la LSCA destinado a corregir la asimetría en la producción audiovisual entre la Ciudad de Buenos Aires y las provincias. Allí hay proliferación de narrativas, estéticas, historias y fuentes de trabajo.

Al mismo tiempo, al igual que en el Plan Conectar Igualdad, el Estado abasteció de equipamiento técnico gratuito a las poblaciones de menores recursos económicos invirtiendo la lógica habitual de expansión de la tecnología. Más allá de cualquier crítica a la implementación de la Televisión Digital Abierta (TDA), lo cierto es que se funda en la idea de la universalidad del servicio, un principio básico del derecho humano a la información que nunca se había implementado de esta manera.

Hoy por la TDA se pueden ver canales nacionales, públicos y privados, y también señales locales que están haciéndose un lugar entre las audiencias, como por ejemplo Cba24n, el primer canal de noticias no realizado en Buenos Aires, gestionado por Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba y que Cablevisión no quiere incluir en su grilla. El único medio del sector sin fines de lucro es Construir tv, el canal de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

A mediados de 2011 se llamó a concurso para 220 licencias de canales para la televisión digital en todo el país distribuidas equitativamente entre el sector comercial y el no comercial. En la Ciudad de Buenos Aires se licitaban 16 lugares en el espectro. Hubo pocos oferentes, entre ellos una propuesta para un canal de polo, la AFA y el Sindicato de Camioneros. Las televisoras comunitarias plantearon que el valor de los pliegos –entre 40.000 y 140.000 pesos– era inalcanzable, al igual que el capital mínimo requerido. En julio de 2012, durante la gestión de Santiago Aragón, los concursos se suspendieron debido a la falta de interesados y a cuestiones técnicas de organización del espectro no resueltas. Entre los considerandos de la suspensión, la AFSCA reconoció que los pliegos no eran accesibles para el sector sin fines de lucro, a pesar de que los reclamos iniciales de las televisoras populares habían sido ninguneados.

FM En Tránsito transmite desde Morón, provincia de Buenos Aires y es la primera radio cooperativa del país. Al momento de hacer un balance, el colectivo señala que fue “un largo proceso de transición, mucho más lento de lo esperado. La expectativa es que se aceleren los mecanismos para la plena aplicación de la ley y que pueda plasmarse un plan técnico como horizonte de transparencia para la asignación de frecuencias. Esto va de la mano del funcionamiento de todos los órganos creados por la ley, los que deben actuar en forma coordinada e integral, pero que hasta ahora ha sido de manera discrecional”.

Hacer efectiva la reserva del espectro, resolver qué se hará en las zonas en las que el espectro está saturado, diseñar el plan técnico de frecuencias, elaborar pliegos para los concursos que contemplen las características de los medios sin fines de lucro, implementar el fondo de fomento previsto en el artículo 97 de la LSCA… Santiago Marino, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires y también participante del proceso de elaboración de la ley, señala: “Creo que estos y otros aspectos están pendientes por varias razones, pero principalmente, porque desde 2009 en adelante la norma se aplica de modo sesgado, en dos etapas bien reconocibles y por acción de diferentes actores: desde 2009 a 2011 por la acción de los grupos concentrados, que lograron demorar la aplicación con acciones judiciales; en segundo término, por la falta de decisión política del gobierno (que tiende a reducir la ley al “pack Clarín”) y por la decisión política de los partidos de oposición que deslegitimaron la ley con sus acciones. Por otro lado, la ausencia de un plan técnico y otras cuestiones devienen de la falta de acción coordinada del Estado, los cambios políticos dentro del gobierno en torno al directorio de la AFSCA y de pensar la política del sector audiovisual de modo desintegrado, con diferentes actores y objetivos contrapuestos.”

En los últimos días de noviembre, Martín Sabbatella, designado en septiembre pasado como titular de la AFSCA, afirmó que la situación de los medios comunitarios “es un tema pendiente a resolver. Ratificamos nuestro compromiso para avanzar en la reserva del 33% del espectro para los medios sin fines de lucro. Es claro que en este período de gestión estuvimos abocados más fuertemente al cumplimiento del plazo fijado por la Corte, pero el objetivo es la aplicación integral de la ley, esto es, garantizar la pluralidad de voces” (2). A la hora de los detalles, todavía no hay precisiones en el organismo que aplica la LSCA sobre cómo se procederá para avanzar en este propósito. En el mismo tiempo, la AFSCA firmó un convenio con el Banco Nación para una línea de crédito orientada a la creación o fortalecimiento de medios de comunicación, entre ellos los comunitarios y cooperativos.

Las ideas de pluralidad, diversidad y democratización de los medios fueron instalándose como parte de un relato fuerte que acompañó la sanción de la LSCA y aglutinó a distintos sectores sociales que venían sosteniendo prácticas concretas de autogestión de la comunicación: la tradición de la comunicación popular latinoamericana, la vertiente alternativa y la contrainformacional, el estallido de los microemisores que está produciendo la red. Una diversidad de hecho que no necesitaba una ley que viniera a fundarla sino más bien una ley que distribuyera equitativamente los recursos disponibles: el primero, el espectro radioeléctrico. Fue un saber acumulado durante décadas en las tradiciones colectivas populares y también en algunos espacios de la academia, las ONG y el periodismo que estuvo atento a los tiempos de la realpolitik y logró colarse en ella. Al poco tiempo, sin embargo, el foco volvió a estar puesto en los grandes nodos. Como si los sentidos se hubieran atomizado de las prácticas que los fundaron, la democratización sería consecuencia directa de quitarle las licencias que le sobran a una gran empresa y otorgárselas a otra. Aplanado el discurso, desplazado de la historia social, pareciera que la pluralidad de voces se crea con la LSCA.

Si la desconcentración implicará un cambio sustancial en la oferta de medios es algo que no puede preverse pero es probable que los cambios en la titularidad de las emisoras de las que deben desprenderse grupos como Clarín, Uno o Cadena 3 para adecuarse al artículo 45 implique un traspaso de licencias entre empresas de medios que ya están operando en el mercado. Llevar el mapa de medios a un límite razonable de concentración es un logro histórico si se recorre el desarrollo de los medios de comunicación en Argentina. Y al mismo tiempo, es un nuevo comienzo que no garantiza por sí mismo un escenario más equitativo para todos los actores. Si la desconcentración de la propiedad de los medios no es simultánea a la decisión de abrir el espectro a los actores sin fines de lucro y de consolidar la gestión de los medios públicos, tanto nacionales como locales, el sistema de medios podría ser equitativo hacia adentro de un sector –el de las industrias culturales– y no hacia el conjunto de los participantes.

Los planes de fomento a la producción de contenidos y los que se desarrollen para la compra de equipamiento o la adecuación tecnológica son pilares fundamentales de una política de comunicación que integre la implementación de la LSCA con otras políticas culturales de promoción tanto de las industrias culturales nacionales como de la producción comunicacional comunitaria. Pero sin un reordenamiento del espectro que permita a los actores no comerciales ingresar al sistema superando la etapa de precariedad, los grupos y colectivos –especialmente aquellos que se dedican al audiovisual– están restringidos a hacer circular sus producciones por canales controlados por la industria cultural o por el Estado (que en materia de medios, suele ser más bien el gobierno).

Por el momento, el énfasis aparece puesto en la diversidad y pluralidad de los contenidos, como lo muestra claramente la última serie de avisos de televisión difundidos por el AFSCA en los que se ven a ciudadanos comunes pidiendo nuevos programas de televisión o a cineastas y músicos independientes felices ante la posibilidad de la difusión de lo que hacen. Sin embargo, no es únicamente en el plano de los contenidos donde se juega la democratización. Ahora, como antes de la LSCA, lo que está en juego es una apropiación social de los medios de comunicación que excede los marcos de la industria y del Estado. Allí hay sujetos decidiendo sus maneras de recrear lo común a partir de otras ideas, solidaridades, tiempos, urgencias, preocupaciones, discusiones y formas de organizarse. La pluralidad está, siempre estuvo. Lo que persiste es la tensión por los puntos de partida y por el papel que ocupará el Estado en esa puja; si logrará articular políticas fuertes para agrandar el escenario o si se ocupará únicamente de controlar a los que vienen siendo los principales actores.

1. Autores varios, “Economía solidaria. Hacia un nuevo mapa de comunicación”, Usina de medios, noviembre de 2012, www.udemedios.blogspot.com.ar
2. Página/12, Buenos Aires, 19-11-12.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s